martes, 28 de diciembre de 2010

Qué culpa tiene el tomate (III)





La izquierda siempre ha tenido esquemas simples para explicarse un mundo complejo y en los tiempos de la canción se denunciaba la intermediación que multiplicaba el precio de los productos para el consumidor y retribuía miserablemente al agricultor. Bardem se duele de un proceso que desprecia a quien planta su tomate, a quien lo recoge, (que vienen a ser el mismo. Por otra parte los tomates no se plantan; se siembran) al que los transporta y al verdulero.

Hace mucho tiempo que creo en la intermediación. En la de mi oficio, por ejemplo. Por eso, al leer a Bardem pienso en mi frutera, Sagrario, que tan buen género tiene y a la que profeso un afecto grande. Pienso, sin embargo, que si bastara con darle a un botón para que apareciese un tomate en la nevera en la improbable hipótesis que propone el actor, muy probablemente Sagrario debería cambiar de oficio. Como los dueños de los videoclubes. Es triste, pero es lo que hay. La vida moderna, por otra parte, es un fenómeno complejo, que a veces simplifica enormemente los procesos.

Los cambios tecnológicos tienen esto desde antiguo. Los monjes copistas de la segunda mitad del siglo XV debieron de considerar un mal asunto que un tipo llamado Johannes Gutenberg hubiera inventado un ingenio llamado imprenta que permitía hacer en muy poco tiempo copias de la Biblia que a ellos les costaba hasta diez años de esfuerzos primorosos y capitulares. En el siglo XIX los trabajadores manuales vieron con terror la revolución industrial que amenazaba con sustituir mano de obra por máquinas, por lo que quemaban éstas. Qué decir de lo que supuso la informática para los contables ya en la segunda mitad del siglo XX.

O sea, que la añoranza de los oficios amenazados de extinción no es la parte más inteligente del artículo de Bardem. Hablaremos más tarde de lo que define como ‘robo’, aunque no deben tomarse el término en un sentido jurídico. En el caso que nos ocupa falta el factor de fuerza en las cosas, que es consustancial a este tipo delictivo, según el Código Penal.

Almudena Grandes publicaba en su columna de El País un alegato en favor de la Ley Sinde, “Los empresarios de Internet” escribe con cierta hinchazón, quizá para oponerlos a Julian Assange, que es más filántropo, más Robin Hood, que roba a los poderosos para dárselo a los pobres de Sherwood, nuevo Prometeo que roba el fuego a los dioses para ponerlo a disposición de los humanos.

Un empresario, en cambio, siempre actúa movido por ánimo de lucro. “Los empresarios del Índico”, escribiré a partir de ahora cuando quiera denigrar a los miembros de bandas somalíes que asaltan los barcos. El término ‘piratas’ tiene adherencias románticas desde sus orígenes. ¿Quién es el personaje positivo, el teniente Christian Fletcher o el capitán Bligh? Además, los piratas somalíes ponen en su sitio a tantos depredadores del mar que esquilman su océano.

Almudena tiene una idea de la Justicia curiosa: depende de quien seas te convertirás en alguien que merece su piedad o su cólera implacable. Lo que no se puede hacer con los intereses de los autores sí se puede con el imperio americanos; su empatía (compartible) con los represaliados por el franquismo puede dejar paso a íntimos deseos de eliminación del adversario (“fusilaría cada mañana dos o tres voces que me sacan de quicio”). Naturalmente, ella es contraria a las violaciones, salvo que la ‘beneficiaria’ Fuera una afortunada monjita y el benefactor “un mmm, sudoroso miliciano”.

Recordarán que Almudena Grandes plagió una de las muchas tonterías de la red sobre lo millonarios que seríamos todos los habitantes del planeta si se repartiera el dinero que empleó EEUU en el rescate de la banca. No siquiera reparó en lo evidente: la división de millones por millones no da millones. Pero detengámonos en el plagio, porque es un caso extraordinario: no se trata de alguien que baja de la red una obra de un autor, que la tiene registrada y que aspira justamente a cobrar por su creación. Es, al revés, una autora que se sube la creación del pueblo anónimo que circula por Internet para regodeo de izquierdistas acríticos y analfabetos prácticos. Es Prometea, robándoles la lumbre a los humanos para calentarse un poco en el olimpo. No es Robin Hood, sino justamente el sheriff de Notingham, los pájaros disparando a las escopetas.

Aquella columna le reportó a su transcriptora más de lo que ganan en una semana las dependientas del Corte Inglés, pongamos por caso. No quisiera incurrir en presunciones malévolas, pero estoy dispuesto a aventurar una hipótesis nada temeraria: Almudena Grandes no ha ingresado ni un solo céntimo en las cuentas de alguna asociación de internautas para que revertiera en alguna forma en ese colectivo anónimo que le dio hecho su trabajo de aquel día.

Vaya por delante que no pretendo generalizar; ni ella ni Bardem deben ser vistos como personas que representen la forma de argumentar de los partidarios absolutos de la Ley Sinde. Sí me llama la atención el papel de portavoces que se arrogan y que no es discutido por los demás. Este es uno de los objetivos de estos comentarios: manifestar perplejidad ante el encastillamiento no racional. En el caso de los negadores de los derechos de autor y partidarios sin tasa de las descargas, no tienen portavoces tan destacados. Son una cofradía más vergonzante.

Gente más cualificada que Bardem o Grandes, como Fernando Savater y Arcadi Espada, coinciden en la opinión de que la Ley Sinde les parece suave frente a lo que es sin duda una transacción ilícita. Ellos son partidarios de penalizar al usuario. Y coinciden ambos en citar la Francia de Sarkozy. Este es otro recurso dialéctico que se emplea mucho: no os quejéis del 10% de encarecimiento den el recibo de la luz que más se paga por ahí. También podrían citar el caso de EEUU, donde algunos internautas han sido  condenados a fuertes multas por bajarse material. En EEUU, sin embargo, cualquier internauta puede suscribirse a Netflix y ver todo su fondo de películas por ocho dólares al mes (6,10 €, aproximadamente).

A la hora de las analogías, también debería incluirse que uno de cada dos euros que cuesta una película española es subvención. Woody Allen no salía de su maravillado asombro cuando le dieron 600.000 euros por venir a Barcelona a rodar la peor película de su filmografía. (o sea, que la subvención no añade talento). Los contribuyentes españoles hemos pagado algo más de la mitad de cada película antes de su estreno, antes de decidir si vamos a verla. En 2008, los ingresos por subvenciones superaron a los ingresos por taquilla*. Esto no hace legítimas las descargas no autorizadas, que quede claro, pero sí debería formar parte de una revisión a fondo, con un debate previo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

* Si alguien puede aportar los datos de 2009 sería de agradecer. Yo no los he encontrado.